domingo, 25 de junio de 2017

Manipulación e hipocresía

El general Tomás Holguín de la Paz, director general de Prisiones, con valentía narró una gran verdad: “El patronato se creó para ayudar al sistema penitenciario, para ayudar y colaborar, pero nunca han hecho nada, ni han hecho nada, ni han aportado nada, que vale decirlo de manera responsable”.

El país se ha enterado de su existencia porque un personaje diestro en el aprovechamiento de las oportunidades, usurpando una membresía que no le corresponde, le ha tratado de imponer una pérfida ocupación: la de fastidiar aun más y humillar a los encartados de Odebrecht, inspeccionando los supuestos privilegios de que disfrutan en el espacio donde han sido confinados para cumplir una coerción que la comunidad jurídica y la generalidad de los generadores de opinión han juzgado de arbitraria.
Todo por montar la fama de este caso a favor de una incongruencia en la que se ha sumido al país desde hace varios lustros, barriendo para debajo de las alfombras, que es lo que ha hecho para presumir humanización y modernización en el régimen penitenciario: hacina y empeora el sistema que agrupa a la inmensa mayoría de los reclusos, y dirige la mayor tajada presupuestaria al exhibicionismo de una vitrina, que presenta sus virtudes, pero anda lejos de encarnar la realidad.
Pero como eso da lustre y escenarios que hacen soñar con aspiraciones frustradas, se le trata de mantener como plataforma, lo que no sería de por si negativo manejado sin mezquindades.
Lo que se ha pretendido provocar para llevar a los encartados de Odebrecht al sistema convencional del nuevo modelo, para pavonearlo como prenda, no se había producido con inculpados reales, como fue el caso de los acusados de los fraudes bancarios, o con un personaje del narcotráfico que dio origen a la producción cinematográfica que se tituló: El Rey de Najayo.
En esos casos, los que ahora querían presumir de estrictos consintieron todas las comodidades, pero esta vez han querido sumarse a un juego populista, tratando de pescar popularidad.
Pero la culpa es del Estado que ha jugado a un paralelismo hipócrita e ilegal en el tema penitenciario.
En el país solo existe un sistema penitenciario, el pautado por la Ley 224-84, que crea la Dirección General de Prisiones, la rectora del sistema, facultad que no podía ser anulada con un decreto como el 528-05 que estableció el programa de reforma que ha devenido en llamarse nuevo modelo penitenciario, porque la jerarquía de la ley se coloca sobre la del decreto, pero ocurre que además hay otra ley, la de Función Pública, prohíbe la creación de instituciones paralelas a la preexistentes.
No se trata de plantear un retroceso que anule los beneficios que muestra el nuevo sistema, porque los pueblos no se benefician de la igualación hacia abajo, pero si producir una mayor equidad, porque el 64% de los reclusos que están en el modelo tradicional tienen los mismos derechos que los 36% del modelo que recibe mayor apoyo.
La mayor muestra de inequidad, la representa el penal de La Victoria, que tiene 8,700 reclusos versus los 8,400 que tiene el nuevo sistema en 22 centros, sin disponer de una botellita de agua para el agente que debe acompañar a un recluso a una audiencia, mientras los Vigilantes de Tratamiento Penitenciarios tienen viáticos asegurados para cualquier gestión amén de un sueldo incomparablemente mejor.
Todos somos iguales ante Dios y la justicia, pero el Estado sabe que tiene su responsabilidad altamente comprometida, cuando gente de prestancia social, empresarial y política le toca guardar reclusión.

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