En la
República Dominicana hemos logrado significativos avances con relación a la
salud de la mujer.
Hemos venido incorporando
en la agenda de trabajo políticas públicas de primer orden
para que las mujeres puedan asumir y transformar
positivamente sus vidas, entre las que
cabe destacar planes intersectoriales para la reducción de la mortalidad
materna, la prevención del embarazo en adolescentes y la prevención y atención al VIH/ SIDA y el
abordaje de la violencia basada en género.
La
salud de la mujer ocupa un sitial importante en la Ley 1-12 que define nuestra
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Somos signatarios de decenas de
acuerdos internacionales que establecen la necesidad de garantizar los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres.
Tenemos
el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible establecido por vía de 17
Objetivos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de
2015, el tercero de los cuales pretende lograr una vida saludable y promover el bienestar
para todos a cualquier edad.
Sin
embargo, formamos parte de los cuatro
países que a nivel mundial tienen todavía tenemos por delante el gran desafío
de hacer frente a una situación que indica
un progreso lento y desigual que afecta a las mujeres,
a causa de las disparidades de género, que exhibe como uno de sus
mejores ejemplos el indiscutible problema de salud pública que
representa el aborto, cuya penalización obliga a las mujeres a practicarlo en
condiciones clandestinas e inseguras.
Existe
consenso mundial de que la penalización del aborto expresa los significativos niveles
de inequidad que afecta a las mujeres, especialmente a aquellas más pobres; posiblemente
las que no han tenido el acceso oportuno a servicios de salud reproductiva y
planificación familiar; las que por las condiciones de hacinamiento en que han
vivido han sido expuestas a un incesto; las mujeres que alimentan las estadísticas de violencia sexual, o las
de las de una violación, o las que aportan
el 10% de las muertes maternas
que ocurren cada año en el país.
En
el marco de la revisión del Código Procesal Penal del país, llevada a cabo por
la Cámara de Diputados, la aprobación del aborto en los casos de violación o
incesto, o cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es
resultado de una violación o incesto, cuando el feto presenta malformaciones
que sean incompatibles con la vida ,constituye una oportunidad para que como
país demos una respuesta justa, sostenible y fundamentada en los Derechos
Humanos, a este problema de salud pública en la República Dominicana.
Para
estos fines, entendemos que el papel de los congresistas es conocer el impacto
que sobre la salud pública implica la
realización de más de cien mil abortos
clandestinos al año, y cuya práctica continuará, independientemente de su
prohibición, con el agravante de ser realizados en condiciones de inseguridad,
y por manos inexpertas.
Sería
importante que nuestros congresistas
centraran la discusión y decisión sobre este tema, en las implicaciones
médicas y en enfoques de salud pública, basados en evidencias científicas.
Seria
provechoso que nuestros legisladores valoraran el derecho que tienen nuestras
mujeres a la dignidad e integridad; el derecho de las mismas a ejercer sus
derechos reproductivos, que son Derechos Humanos, y su derecho a la integridad
y dignidad en circunstancias excepcionales, como las citadas anteriormente.
Solo a ustedes,
distinguidos congresistas, les corresponde en esta coyuntura tomar una decisión inteligente, libre de prejuicios y de
presiones dogmáticas.
A ustedes
corresponde tomar una decisión fundamentada
en la razón y el espíritu de justicia.
VíctorTerrero prohibición no evitará los abortos ilegales en RD
Reviewed by Emma Pérez
on
junio 27, 2017
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