Juez de SC dispone libertad de un hombre acusado rapto y homicidio

SAN CRISTÓBAL.-La jueza interina del Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, Melania de la Cruz Vargas, dispuso la libertad de un hombre acusado de rapto, homicidio y violación a la ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, basada en una resolución alterada, sin firma, sin sello y que reducía los hechos a un simple robo a mano armada.

La magistrada adoptó la decisión al conocer una solicitud de variación de medida de coerción incoada a favor de Edgard Radhamés Peña Lara, señalado como uno de los responsables del secuestro y posterior asesinato de Wander Bautista Tejeda, la madrugada del 14 de mayo de este año.

En la audiencia, Marisili Tejeda Tejeda, madre del hoy occiso, manifestó en audiencia que el imputado se presentó a su vivienda, ubicada en la ciudad de Baní, a bordo de un carro marca Volvo color gris, junto a otras tres personas, y haciéndose pasar como miembro de la Policía Nacional, preguntó por un tal Iván y al no encontrarlo se llevó a su hijo, quien al día siguiente apareció muerto en la autopista Seis de Noviembre.

La magistrada adoptó la medida, pese a que el Ministerio Público presentó los presupuestos necesarios, para que el imputado permanezca en prisión.

Los fiscales adjuntos Anallancy Sierra y José Marmolejos Vallejo argumentaron que el caso reúne los elementos constitutivos establecidos en los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal para la aplicación de medida de coerción consistente en prisión, toda vez que existe un testigo presencial (madre del occiso) que señala a Peña Lara como uno de los responsables del hecho, el cual conlleva una pena máxima de 30 años, razón por la cual existe peligro de fuga.

Empero, la magistrada decidió variar la prisión que había impuesto la jueza Santa Medina Castilla, por una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse los días 15 y 30 de cada mes por ante el Ministerio Público responsable de la investigación.

Este medio posee copias de la resolución mostrada en el tribunal por los abogados en la cual se obvió el artículo 304 del Código Penal que tipifica el homicidio. Sin embargo, se incluyó el 379 que hace referencia a robo.

El Ministerio Público no ha ejecutado la libertad del imputado, bajo el argumento de que la decisión se adoptó por una acusación de robo, no así por asesinato.

El procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, precisó que los abogados del acusado, Tomas Alberto Lorenzo, Virginia Peguero Richarson y Ramón de los Santos, elevaron una acción de habeas corpus, pero posteriormente la dejaron sin efecto al estar conscientes de la “patraña” procesal en que incurrió la magistrada De la Cruz Vargas.