Barahona, como Provincia Ecoturística, dejando perder 600 millones de pesos

Por Bienvenido Heredia

El pasado viernes 21 de agosto, hice un comentario en el programa radial interactivo Expresión Popular, en relación al decreto No.332-91 creado hace 24 años, mediante el cual la región Enriquillo fue declarada IV POLO TURÍSTICO AMPLIADO.

Además de integrar las cuatro provincias de la región: Barahona, Independencia, Bahoruco y Pedernales, dicho decreto establecía como zona de influencia de este polo turístico, "todo el entorno del Lago Enriquillo, incluyendo la isla Cabrito y la zona de 5 Kms., paralela al Mar Caribe, comprendida entre la población de Enriquillo y la frontera con Haití".

En el comentario del viernes también recordé que en el mes de julio pasado se cumplieron 11 años de Barahona haber sido declarada como PROVINCIA ECOTURÍSTICA, mediante la Ley 212-04, de fecha 30 de julio del 2004.

Luego de terminado el programa, recibí la llamada del inquieto comunicador Arcadio Heredia, quien me sugirió escribir el presente comentario, dado que cuando hablamos de la Ley 212-04 que declara a Barahona como Provincia Ecoturística, destacamos el hecho de que uno de los artículos de dicha ley, dispone de recursos muy significativos para desarrollar proyectos en esa importante área de la economía dominicana.

Un párrafo transitorio del Artículo 4 de la mencionada ley dispone un fondo de 100 millones de pesos cada año para ser usados en el empuje de nuestra provincia en la realización de proyectos que aprovechen los recursos naturales que poseemos:

“Párrafo Transitorio.- Se dispone separar del Fondo General de la Nación la suma de cien millones de pesos (RD$100,000,000.00) anuales durante seis (6) años, para ser entregados al Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Barahona (CODEPROBA), a contar de la entrada en vigor de la presente ley, para dedicarlos a la creación de la infraestructura y la promoción de las potencialidades de la provincia como receptor de inversiones nativas y extranjeras en el subsector ecoturismo, así como a la ejecución de programas de reforestación, saneamiento y conservación de los recursos naturales de la provincia”.

Si tomamos en cuenta que la Ley es del 2004 y suponiendo que entró en vigencia ese mismo año, o un año después, es más, supongamos que entró en vigencia 4 años después, ¿dónde están los 600 millones de pesos que nos otorgó esa ley, para ser desembolsados durante seis años? Porque, imaginando el caso extremo de que la misma entró en vigor 4 años después de ser promulgada por el entonces presidente Hipólito Mejía, estaríamos hablando del 2008, por lo que en el 2014 se habría cumplido el tiempo de los 6 años transitorios, que a 100 millones cada año, suman 600 millones de pesos.

Pero suponiendo que todavía no ha entrado en vigencia la mencionada ley, ¿dejaremos las cosas así, sin gestionar esos recursos que por ley nos corresponden y que pueden ser el inicio de la simpática consigna “LLEGÓ LA HORA DEL SUR”? (Claro, aparte de la construcción de la presa de Monte Grande)

La misma Ley crea el organismo responsable de poner en práctica el mandato que ella plantea. Ese mecanismo, establecido en el Artículo 2 de la Ley, es el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia de Barahona (CODEPROBA), quien será el “organismo rector de la promoción y regulación de las actividades ecoturísticas de la provincia de Barahona, cuya sede será el municipio de Barahona.”

Ahora bien, los miembros de ese organismo “tendrán funciones honoríficas”, según el Párrafo 1 del Artículo 2. (Sin comentarios).

El CODEPROBA debe estar integrado por el senador(a) de la provincia, quien lo preside, el (la) gobernador(a) civil de la provincia, los diputados de la provincia, y los síndicos de los municipios de la provincia (no existían los distritos municipales).

Además deben estar representantes de Medio Ambiente, de Turismo, de Agricultura, un representante de la Secretaría de Educación, de Cultura y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (las secretarías ahora son ministerios).

Otros que deben formar parte del CODEPROBA son el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), (en Barahona no funciona esa entidad), la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las instituciones de estudios superiores privadas, las organizaciones ecológicas de la provincia, la seccional provincial del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el sector turístico privado de la provincia, las empresas ecoturísticas y un representante del Consejo para el Desarrollo de la provincia de Barahona (este organismo no existe).

¿Por qué ese Consejo no ha sido integrado? Y si en algún momento lo integraron ¿por qué no funcionó? Me niego a creer que la apatía de sus integrantes esté motivada por la condición de “Miembros Honoríficos” que les otorga la Ley de la especie.

Recuerdo una reunión en la que se habló de un proyecto ecoturístico para rescatar el río Birán en el municipio Santa Cruz de Barahona, en la cual se mencionó la existencia de esta ley y la “asignación” de 100 millones de pesos anuales para ser manejados por el CODEPROBA. Después de eso, si hubo alguna otra reunión con esos fines, la ignoro.

Concluyo con la pregunta millonaria: ¿Dejaremos los barahoneros que se nos escurran de las manos 600 millones de pesos acumulados, según la Ley 212-04, por ser apáticos a nuestro propio desarrollo o porque hay beneficios que son colectivos y no individuales?

Aquí dejo el enlace de la Ley para los interesados en ilustrarse mejor: