Señala que según datos publicados en la página web de la Dirección General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el Gobierno gastó RD$6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin el año anterior, cu
ando se habían gastado 3,651 millones de pesos.
Añade la entidad en un comunicado de prensa que el actual gobierno casi iguala en términos reales las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en propaganda los gobiernos del PLD que, en su año de mayor esplendor en el 2019, llegaron a gastar 6,995 millones de pesos, en valor actual, aunque en valores corrientes eran RD$5,215 millones.
“Esto es mucho decir, toda vez que uno de los aspectos que más molestaban a la opinión pública del país, era la cantidad de anuncios, opiniones prepagadas y cantos de alabanza que se agenciaban con el dinero de los contribuyentes, cosas que se suponía iban a ser erradicadas con el cambio de gobierno”, deploró.
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El Consejo Nacional de Participación Ciudadana hace enfático en el llamado a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de propaganda.
A propósito de que se acercan las campañas de proselitismo político, PC llama a la atención al Gobierno, a los partidos, a los órganos electorales y el público en general, sobre el uso de los recursos públicos para campaña.
Sostiene que el pasado 12 de mayo aparece en los medios una declaración pública del presidente Luis Abinader, mediante la cual manifiesta su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, indicando que en su Gobierno no pasará lo que ha sido una práctica común y recurrida en el pasado.
“Pero tal parece que el presidente no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas, promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista Duarte como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los supermercados; o los habituales espacios pagados de Proconsumidor y la propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta básica entre diferentes países, usando números claramente inventados”, precisó.
“Más aún, hay evidencia de que la pasada gestión de la Junta Central Electoral se hizo de la vista gorda ante la profusa campaña que llevaban a cabo candidatos a la Presidencia o al Congreso con dinero sucio, habiendo aceptado informes con datos falseados sin ni siquiera investigar su veracidad, cuando estaba a la vista de todo el mundo el exceso que los propios protagonistas calificaran como la campaña más cara de la historia”, añade.
Advierte a la JCE
Participación Ciudadana le advirtió a la Junta que tiene una misión indelegable de velar por la limpieza de la campaña electoral y por la limitación cuantitativa y la pulcritud cualitativa de los recursos usados.
“Igualmente esperamos la existencia de un régimen de consecuencias aplicables a quienes incumplan con las disposiciones al respecto”, concluyó.