bajo doméstico en República Dominicana.
"Es mantener en estado de exclusión a más de 260 mil trabajadoras del hogar o trabajadores domésticos, y esta acción para nosotros es preocupante porque vuelve a poner en riesgo la aplicación del Convenio 189 de la OIT que habla sobre el trabajo decente para los y las trabajadoras domesticas", apuntó al conversar por teléfono a Diario Libre.
Ante la decisión, Pérez dijo que, al igual que el Gobierno, espera la emisión de la sentencia para conocer los argumentos que sustentaron la declaración de inconstitucionalidad.
Al juzgar la resolución anulada, así como la 11-2022, que dispone el salario mínimo de RD$10,000; y la 551-28 que establece el esquema de aportación de fondos para la Seguridad Social (en espera de fallo también por el Tribunal Constitucional), expresó que "vinieron a constituir un paso de avance a nivel laboral", en especial luego de que perimió en el Congreso una iniciativa de ley que presentaron con iguales fines.