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Uno de los líderes del supuesto entramado es Rubén Amauris Ramírez quien, de acuerdo al documento del Ministerio Público, abordaba a personas que acudían a la Junta Central Electoral (JCE) de Santiago de los Caballeros y les ofrecía servicios de la entidad en menor tiempo a cambio del pago de dinero.
Una de las denuncias recibidas contra Amauris Ramírez la hizo José Luis Fernández, quien declaró que al llegar a la Junta Central a sacar un acta de nacimiento para fines de pasaporte fue abordado por el imputado.
Amauris Ramírez le ofreció a José Luis sacar el acta en menos de 15 minutos, por un costo de 1,000 pesos.
Sin embargo, pasaron cuatro horas y el señor no recibía el acta de nacimiento por lo que procedió a quejarse en la Dirección de Seguridad de Santiago.
Otro de los cabecillas es Luis Manuel Rodríguez Taveras, quien fue identificado como uno de los “buscones” que se colocaba diariamente en el edificio BNV que aloja las instalaciones de la JCE en el sector La Joya, en la referida provincia.
En el edificio donde funciona la primera y tercera oficialía del estado civil y el centro de cedulación, Luis Manuel se dedicaba a captar ciudadanos que acudían a solicitar servicios públicos y les ofrecía resolver su problema de una manera más rápida, prometiéndoles que los documentos que les iba a favorecer podían ser utilizados en cualquier tipo de trámite.
Luis Manuel Taveras es conocido como “Bambino o El Lobo”, era el líder de los demás buscones que merodeaban por las instalaciones de la junta Central. Taveras fue señalado por un ciudadano de nacionalidad haitiana, como el autor de haberle conseguido una cedula falsa.
El nacional haitiano, Erne Joseph acudió al centro de cedulación en Santiago de los Caballeros, donde tras ser atendido por un representante hubo un choque biométrico que determinó que su cedula le pertenecía a un ciudadano dominicano.
Al ser interrogado por las autoridades, Joseph contó que había adquirido el documento a través de Luis Manuel Rodríguez.
El mismo modus operandi era utilizado por José Miguel Cruz Hidalgo alias “Sandy”, quien de acuerdo al órgano persecutor era otro de los “buscones”. Miguel Cruz se establecía en las afueras de la JCE con una sombrilla y simulaba ser un parqueador.
Miguel Cruz, le preguntaba a las personas por el tipo de proceso que iban a realizar en la entidad, ante esto les ofrecía la copia de una cédula por un monto de 1,000 pesos. Cuando la persona accedía, este enviaba los datos a sus compañeros por Whatsapp para que gestionaran el documento de identidad.
El cuarto imputado, es Yanuel Morales, quien fue abordado por un agente encubierto, a quien le confesó que realizaba gestiones de documentos como actas de nacimientos, licencia, pasaporte, papel de buena conducta, entre otros. Morales gestionaba cedulas falsas a extranjeros a un costo de RD$7,000, con entrega de uno a dos días.
De igual forma, el encartado Rubén Dario Núñez, quien operaba de manera similar a la de sus compañeros, cobraba a las personas una suma de 1,400 pesos por realizar una certificación de una cedula.
De acuerdo al documento acusatorio, Dario Niñez fue abordado por agentes encubiertos, quienes descubrieron que este se trasladaba a la Oficina de Abogado Tavares y Asociados, de donde salía con documentos.
Los agentes también dieron con William Ramón Rodríguez, quien también se posicionaba en los alrededores de la Junta Central y aseguraba que podía “conseguir” un acta de divorcio apostillada por la suma de 10,000 pesos, precio que redujo hasta a 5,500 pesos.
Ramón Rodríguez mostraba a sus clientes otros tipo de documentaciones falsas que realizaba, como matrículas de vehículos, certificaciones de cedulas viejas, así como títulos universitarios.
Según el MP, William era la persona que les entregaba los documentos falsos a los demás buscones.
En el entramado, figura Fausto Merán alias “Capital”, quien era el encargado de suministrar un acta de divorcio falsa, ya que trabajaba en conjunto con los demás imputados.
En la investigación realizada por las autoridades, descubrieron que otro de los involucrados era José Rosario Marte, quien por la corrección administrativa de un acta de nacimiento de un ciudadano nacional haitiano cobraba un monto de RD$8,000, asegurando que a pesar de que era un proceso que requería varios días, él lo gestionaba “de un día para otro”.
El órgano persecutor apunta al dominicano, Julio Cesar Almonte, quien es uno de los 16 implicados, como “un gran líder de la organización”, que se dedicaba a falsificar documentos. César Almonte también falsificaba actas a cambio de montos de RD$4,000.
Por su parte, Arsenio Rafael Reyes, recibía en su vivienda un sin número de personas que son falsificadores de documentos, entre los que se destacan los acusados Luis Manuel Rodriguez, Yanuel Morales, Fausto Merán, Antonio Tamboril y José Miguel Hiraldo.
En la casa de Arsenio, operaba un centro de internet llamado “Computex” ubicado en el primer nivel, donde agentes pudieron observar que otros imputados salían del lugar con documentos en folders.
El documento relata que el acusado Noel De Jesús Padilla, ofrecía servicios de compras de actas de nacimiento y cedulas a cambio de miles de pesos.
Asimismo, el imputado José Carlos Troncoso, figura como un empleado de la JCE que facilitaba información de trámites que por lo general tomaban 30 días para su resolución.
Carlos Troncoso trabajaba en la Junta Central como auxiliar de la Unidad de Corrección en la Oficialía de Santo Domingo Oeste; este aceptaba pagos de José Rosario Marte a cambio de realizar alteraciones y modificaciones en los sistemas de la JCE.
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Reviewed by Emma Pérez
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noviembre 14, 2023
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