Santo Domingo.- Un tribunal varió este martes la medida de coerción del exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta a presentación periódica cada 15 días, así como el pago de 4.5 millones de pesos.
Peralta, quien cumplía prisión preventiva por su vinculación a la “Operación Calamar”, es acusado junto a otros imputados de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
Según los fiscales, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
EL ÚNICO QUE FALTABA
Peralta era el único imputado en el caso Calamar que permanecía en prisión, puesto que Guerrero salió de la cárcel a mediados del pasado mes de octubre.
El equipo de defensa de Guerrero logró que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le variaran su respectiva medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una compañía aseguradora.
Asimismo, a principios de abril de este año, la jueza Kenya Romero del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso como medida cautelar arresto domiciliario e Impedimento de salida del país sin autorización judicial, garantía económica en modalidad contrato, 20 millones en modalidad contrato fianza para el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.