Además de la condena, los magistrados impusieron el pago de una multa de 200 salarios mínimo, y ordenaron el decomiso de una serie de inmuebles, ubicados en La Vega y en Jarabacoa. La condenada tendrá cumplir la sentencia en el Centro Correccional y de Rehabilitación en Rafey Mujeres. El Ministerio Público había solicitado una condena de 10 años contra la diputada.
La jueza de la Segunda Sala Penal de la SCJ, Nancy Salcedo, motivó la sentencia previo a su lectura y dijo que se había establecido un “nexo lógico” que demuestran el origen ilícito de los bienes de Pilarte.
“Las pruebas aportadas por el Ministerio Público llevan a la única conclusión lógica de que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios a sabiendas de su origen ilícito y con sus transacciones en efectivo se demostró que intentó diversificar e integrar los valores de actividades ilícitas mediante la adquisición de ventas de inmuebles”, dijo la magistrada.
Los abogados de la legisladora informaron que apelarán la sentencia del tribunal.
“Vamos a apelar, por supuesto que sí, la sentencia no es ejecutoria (…) no estamos de acuerdo con este fallo, porque el Ministerio Público no estableció ninguna prueba sobre ningún delito, por lo cual recurriremos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia”, dijo el abogado de la diputada, Amado Gómez.
Reiteró que la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia no puede ser ejecutada de inmediato porque su defendida tiene derecho a recurrir el fallo.
Mientras que el representante del Ministerio Público, Pedro Amador, dijo que la defensa tiene el derecho de recurrir la sentencia, pero opinó que la corte ha actuado conforme a la ley.
“Las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido valoradas a unanimidad por los miembros de la Sala. Hay una sentencia condenatoria”, refirió el letrado.
El Ministerio Público acusa a la diputada de colocar en el mercado financiero más de RD$2,593 millones provenientes del narcotráfico de la red que encabeza su pareja Miky López.
El órgano acusador asegura además que Pilarte declaró un patrimonio falso ante la Superintendencia de Bancos. Señalan que la legisladora notificó un patrimonio de 15 millones 900 mil pesos, una cifra que, entienden, no corresponde con la realidad de sus bienes.
Precisaron que el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos, provenientes de una grave infracción de lavado de activos.
Desde junio de 2020, la legisladora por el PRM, Rosa Amalia Pilarte, era investigada por su vinculación a la red por realizar transacciones financieras que ascienden a la exagerada suma de RD$2,593,377,316.0.
La diputada movió ese monto durante el 2007 al 2009. En 2021, el procurador adjunto Pedro Amador investigó a la diputada Rosa Amelia Pilarte por su vinculación a la actividad ilícita de su esposo Miky López.
De acuerdo al Ministerio Público, el cabecilla de la red de lavado de activos producto de narcotráfico utilizaba varias empresas de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
Las empresas son Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto y otras dos.
El esposo de la diputada también está acusado de lavado de activos y de narcotráfico y es juzgado junto a otras personas en los tribunales de La Vega, donde residen, al igual que Pilarte.
Reviewed by Emma Pérez
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mayo 28, 2024
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