“Para mí es bastante bien, hemos ganado suficiente terreno como para que tengamos una ley realmente robusta y que castigue de manera severa a los funcionarios públicos y servidores que se presten a este tipo de delitos”, subrayó el representante del Distrito Nacional.
Esta pieza legislativa ahora establece nuevos límites sancionadores, tomando en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad de la pena para los casos de tráfico ilícito de migrantes. En lo adelante quienes incurran en este tipo de delitos podrían ser condenados hasta 25 años de prisión.
Asimismo, los senadores adicionaron a la nueva Ley el párrafo III y IV al artículo 3. El Párrafo III señala que el culpable del delito de trata de personas será sancionado con la pena de veinte a veinticinco años de reclusión y multa de setecientos a mil 500 salarios mínimos del sector público.
También el párrafo cuatro establece que “El delito de trata de personas no prescribe”. En tanto el cinco señala que el funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas se le impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación por espacio de diez años para ejercer cualquier tipo de función pública y, en caso de reincidencia, la inhabilitación será por veinte años, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de la libertad impuesta.
También contempla como agravante para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extra poder, así como los demás poderes del Estado y los gobiernos locales.
La pieza ahora será remitida a la Cámara de Diputados donde se agotará el mismo procedimiento, una vez se conozca también en dos lecturas volverá al ejecutivo para su promulgación u observación.
Reviewed by Emma Pérez
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mayo 13, 2025
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