Participación Ciudadana respalda sentencia del TC sobre policías homosexuales

Santo Domingo.- Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó su respaldo a la reciente Sentencia TC-01225-25, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.

Participación Ciudadana destacó que el Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, al tratarse de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.

La organización subrayó que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que, durante décadas, legitimaron desigualdad estructural en la carrera policial y militar.

“El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, expresó la entidad.

Asimismo, Participación Ciudadana resaltó que la sentencia fortalece la institucionalidad democrática, al ordenar que todas las normas internas, de cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados, se adecuen al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.

La entidad valoró positivamente la claridad con la que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.

Los artículos anulados, el 210 de la Ley núm. 285 y el 260 de la Ley 3483, imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados de cuerpos castrenses por el solo hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el ámbito donde ocurrieran.

Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, mantenían plena vigencia normativa y práctica, vulnerando de forma concreta los derechos de las personas homosexuales que sirven al país desde estas instituciones.