Los reclusos señalaron que los programas técnicos del Infotep, así como cursos deportivos y talleres educativos, han sido cancelados, afectando su posibilidad de acceder a beneficios contemplados en el sistema penitenciario, como solicitudes de medio libre, cartas de buena conducta y libertad condicional.
Los privados de libertad, uno con nueve años de reclusión y originario de Santiago mencionó que su traslado hacia el Corrección y rehabilitación a Rafey Hombres permanece detenido, situación que, según afirmó, pone en riesgo su seguridad.
Otros reportaron retrasos similares en traslados hacia centros penitenciarios de La Isleta (La Parra), Najayo y Vista al Valle.
Los denunciantes responsabilizan al director del penal, Marino Ogando, y al mayor del Ejército, Obispo Guzmán Paniagua, por estas irregularidades, señalando que se han generado cobros irregulares bajo el pretexto de falta de combustible y la cancelación de cursos y actividades esenciales.
El grupo de presos solicitó intervención inmediata del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y los organismos de control del sistema penitenciario para garantizar el respeto a sus derechos y la reinserción social.
“Necesitamos ayuda urgente. No solo soy yo, somos varios internos con traslados pendientes que permanecemos retenidos aquí”, enfatizó uno de los reclusos en su comunicado.
La situación ha generado alarma entre familiares y defensores de derechos humanos, quienes piden seguimiento y transparencia en la gestión del centro penitenciario de Samaná.