Juez le otorga al MP cuatro meses para presentar acusación contra Santiago Hazim y demás imputados caso Senasa
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la petición del órgano acusador y le dio un plazo hasta el 11 de diciembre para que presente acusación contra los investigados en la supuesta estafa superior a los RD$ 15 mil de pesos.
Peguero justificó la extensión del plazo de la investigación al considerar que se cumplían las condiciones formales y materiales establecidas por el artículo 152 del Código Procesal Penal para acoger una solicitud de prórroga.
También citó el artículo 145 del Código Procesal Penal, que establece que los plazos vencen a las 12:00 de la medianoche del último día establecido.
Por ello, determinó que el plazo de la investigación vencía a la medianoche del 11 de agosto, mientras que la solicitud de prórroga fue depositada ese mismo día a las 10:42 de la mañana, según el acuse de recibo de la secretaría de los juzgados de instrucción.
En consecuencia, el juez concluyó que la solicitud fue presentada dentro del plazo legal, por lo que cumplía con el primer requisito formal exigido por el artículo 152 del Código Procesal Penal.
En cuanto al requisito material, el magistrado explicó que el Ministerio Público debía demostrar y justificar la necesidad de extender el período de investigación.
Sobre este punto, consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para demostrar que todavía tenía varias líneas investigativas pendientes.
Entre las diligencias pendientes, los fiscales informaron que sobre interrogatorios a múltiples testigos, la espera de informes y peritajes de instituciones como la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y otras entidades que colaboran con la investigación. Para sustentar sus argumentos presentó comunicaciones intercambiadas con esos organismos.
También explicaron que, durante uno de los allanamientos realizados en el proceso, fueron ocupadas aproximadamente 15,000 páginas de documentos, cuyo contenido estaba siendo analizado, incluyendo información de carácter médico y financiero.
De igual manera, el juez argumentó que la Contraloría de la Procuraduría General de la República había solicitado un período de 80 días laborables para concluir uno de los informes requeridos por los investigadores.
Otro de los elementos tomados en cuenta por el tribunal fue la existencia de equipos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y otros dispositivos, cuya información estaba pendiente de ser extraída y analizada por personal técnico, luego de que fueran emitidas las correspondientes órdenes judiciales para autorizar esas extracciones.
A partir de todos estos elementos, el juez Deiby Timoteo Peguero decidió conceder la prórroga, debido a que varias de las diligencias pendientes no dependían directamente del Ministerio Público, sino de instituciones y organismos auxiliares de la investigación.
En consecuencia, el juez concluyó que la solicitud fue presentada dentro del plazo legal, por lo que cumplía con el primer requisito formal exigido por el artículo 152 del Código Procesal Penal.
El magistrado también confirmó la prisión preventiva a tres imputados que solicitaron variación.
Las defensas de Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speker Mateo e Iván Minaya Pérez aprovecharon la audiencia del día de hoy para solicitar que le varíen las medias de prisión preventivas impuestas a sus clientes.
Sin embargo, el juez consideró que se mantienen los argumentos que dieoron origen a la imposibilidad de la coerción por la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito.
En ese sentido, entendió que por el momento la cárcel es la decisión más idónea mientras continúa el desarrollo del proceso judicial.
Reviewed by Emma Pérez
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septiembre 04, 2026
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