La sentencia derivó de la investigación sobre la sustracción de municiones y pertrechos de la Policía Nacional valoraas en más de RD$92 millones. A la mujer se le acusa comercializar clandestinamente ese material con ciudadanos haitianos.
El expediente establece que las municiones comercializadas procedían de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, dependencia encargada de custodiar ese material. El caso forma parte de la Operación Pandora, mediante la cual las autoridades investigan la supuesta extracción irregular de miles de municiones, armas y otros pertrechos bajo custodia estatal.
Suspensión de la mitad de la peña
La sentencia, homologada por la jueza Kenya Romero, contempla la suspensión de la mitad de la pena bajo determinadas reglas de conducta. En consecuencia, la condenada deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria, mientras que el cumplimiento del período restante estará sujeto a las condiciones establecidas judicialmente.
Entre las medidas impuestas figuran mantener una residencia fija e informar cualquier cambio de domicilio al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.
Asimismo, Bello Segura tiene prohibido salir de República Dominicana sin autorización judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas de manera abusiva. También deberá presentarse mensualmente ante la autoridad designada para supervisar el cumplimiento de las disposiciones.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 5 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde, según una publicación de Diario Libre. La condena se produce mientras continúa el proceso judicial contra otros imputados señalados por su presunta participación en el desvío de material perteneciente a la institución policial.
Irregularidades en el manejo de esos recursos
Entre los acusados que deberán enfrentar un juicio de fondo figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía Nacional. Ambos señalados en la investigación relacionada con las presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos.
El auto de apertura a juicio también incluye a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A varios de los procesados se les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de RD$500,000 mediante una aseguradora, además de la prohibición de salir del país.
Acusaciones por coalición de funcionarios y prevaricación
De acuerdo con el Ministerio Público, el presunto entramado ocasionó al Estado dominicano un perjuicio económico estimado en RD$92.2 millones. Los imputados enfrentan acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, así como por presuntas violaciones a la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Como antecedente dentro de la misma investigación, en septiembre otro imputado, Marino Antonio Rodríguez Toribio, fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria. En ese caso, la Justicia también ordenó el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., el decomiso de los bienes incautados y el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.
Reviewed by Emma Pérez
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octubre 26, 2026
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