A través del Decreto 795-26 emitido por la vicepresidenta de la República encargada del Poder Ejecutivo, Raquel Peña, dispuso la entrega del nacional español Jonathan Yera Pozo.
La medida responde a la solicitud formal presentada por la Embajada del Reino de España mediante la Nota Verbal número 351, emitida el 23 de octubre de 2026, en cumplimiento de los requerimientos dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid dentro de las diligencias previas núm. 7/2026.
Al ciudadano requerido se le imputan los delitos de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal, conforme a la legislación penal española.
La solicitud de extradición fue apoderada formalmente ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia por la Procuraduría General de la República el 18 de septiembre de 2026.
Durante la audiencia pública presencial celebrada el 29 de septiembre de 2026, el ciudadano Jonathan Yera Pozo optó por el trámite simplificado de extradición, consintiendo voluntariamente ante los magistrados ser entregado a las autoridades españolas para responder por los cargos formulados en su contra.
El decreto fundamenta su base legal en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre la República Dominicana y el Reino de España, aprobado mediante la Resolución 189 del 10 de enero de 1984, así como en las disposiciones de los artículos 162 y siguientes de la Ley 97-25 del 7 de diciembre de 2025, que instituye el Código Procesal Penal.
De igual modo, see ampara en las atribuciones conferidas por el artículo 128 de la Constitución de la República.
El documento instruye que la disposición sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración para su conocimiento y ejecución correspondiente.
Reviewed by Emma Pérez
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noviembre 06, 2026
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