El agresor, cuya identidad se omite para proteger a la víctima, fue arrestado el 9 de febrero de 2024.
Según el expediente acusatorio, el sentenciado cometió los abusos sexuales durante cinco años, utilizando engaño, violencia y amenazas. Persuadía a la víctima con dinero y dulces a cambio de favores sexuales, cometiendo los hechos en diferentes lugares.
El Ministerio Público calificó el caso según los artículos 330 y 333, letras d y f, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y el artículo 396, literales a, b, c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican los delitos de abuso físico, sexual y psicológico contra menores.
El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Robinson Rodríguez Estévez (presidente), Norma Zapata y Dayanara Peralta, validó las pruebas presentadas por el procurador fiscal litigante Rafael Bueno Rodríguez.
La procuradora fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, reafirmó el compromiso del Ministerio Público de responder a los casos en la comunidad, especialmente aquellos que involucran a niños, niñas y adolescentes.
