SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas un año de prisión preventiva contra contra seis policías acusados de asesinar a una pareja de esposos en Villa Altagracia la noche del martes y en el que una persona también resultó herida, suceso que ha consternado al país.
así como de las heridas a Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años. La pareja fue declarada muerta en un hospital de la zona al que los tres fueron trasladados.
Las víctimas se desplazaban a bordo del carro marca Kia, color blanco, impactado por múltiples disparos a la altura del kilómetro 43, de la autopista Duarte.
La pareja y sus acompañantes retornaban a Santo Domingo, luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
La fiscal Fátima Sánchez aseguró en la comunicación que el Ministerio Público está poniendo «todo su empeño» en la investigación y procurará las sanciones contra los implicados en el hecho.
El presidente dominicano Luis Abinader condenó en rueda de prensa el hecho, señalando que «cuesta describir con palabras lo que uno siente» ante este suceso, y afirmó que no va a tolerar «de ninguna manera que alguien esté por encima de la ley».
Asimismo, afirmó que ha instruido al Ministerio de Interior y Policía para que proceda a la destitución de los agentes responsables y sean enviados ante la Justicia.
Las redes sociales se han llenado de mensajes de condena de lo sucedido y cuestionado la actuación policial, tanto por parte de ciudadanos de a pie como de personalidades de distintos ámbitos.
La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño condenó el ataque mediante un tuit: «No hay confusión alguna que nos permita entender la muerte de Elizabeth y Joel. Es un hecho que nos hiere en lo más profundo del corazón. ¡Qué Dios los reciba en su Santo seno y otorgue paz a sus familiares!».
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) repudió «la acción» en la que «de manera brutal y despiadada» los agentes le quitaron la vida a la pareja, perteneciente a esa comunidad religiosa, y señaló que los involucrados «deben ser sometidos a la acción de la Justicia».
De su lado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) dijo que este hecho “corrobora el informe dado a conocer ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre abusos policiales” en la República Dominicana.
Hubo “ejecución”
La víspera Estados Unidos consideró que entre los problemas de derechos humanos «más importantes» en República Dominicana se encuentran denuncias de asesinatos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad, así como injerencia arbitraria en la vida privada y violencia policial contra la comunidad LGBTIQ.
Otros de los problemas destacados por el informe sobre el respeto a los Derechos Humanos en el país son tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida y detenciones arbitrarias así como la injerencia arbitraria en la vida privada, difamación penal de periodistas individuales, corrupción grave del gobierno, tráfico de personas y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Obispo de Higuey
Monseñor Jesús Castro Marte dijo que «como obispo, hombre de fe y dominicano» él condena la muerte de los esposos y dijo esperar que se cumpla la promesa del Presidente Abinader de castigar a los culpables de este hecho.
Fundación ve hay «brutalidad policial»
La Fundación Transparencia y Democracia deploró las muertes de los predicadores y señaló que «lejos de una confusión, las mismas obedecen al elevado nivel de brutalidad que impera en la institución del orden público».
El licenciado Cesar Manuel Matos Diaz, presidente de la entidad, dijo que «todo parece indicar que los homicidas de la Policía ni siquiera verificaron la placa del vehículo antes de acribillar a sus ocupantes, lo que indica que actuaron a la ligera».
A su juicio, no hay forma de explicar “cómo la Policía Nacional emprende a disparos a un vehículo sin confirmar que se trataba de delincuentes”.
«El Ministerio Publico debe realizar las diligencias procesales en forma oportuna, para evitar que en un juicio oral, público y contradictorio, estos criminales pretendan beneficiarse de tecnicismos jurídicos y, que soliciten la pena máxima en materia de Homicidios», dijo.