La propuesta, de autoría de la diputada Nelsa Soraya Suárez, prohíbe expresamente la venta y promoción de productos ultraprocesados, refrescos y alimentos con alto contenido de azúcar o sodio dentro de las escuelas.
El proyecto establece, en su artículo 31, que los alimentos servidos en las escuelas deben aportar los nutrientes esenciales para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes.
Para garantizar esto, las comidas deberán ser preparadas preferiblemente en las propias instalaciones educativas. En caso de no contar con cocinas adecuadas, se permite contratar cocinas externas ubicadas a no más de mil metros del plantel.
Esta disposición busca asegurar un mayor control sobre la calidad y salubridad de los alimentos ofrecidos, reduciendo los riesgos de contaminación y promoviendo una nutrición equilibrada.
Además, el artículo 57 del proyecto promueve la compra de productos agropecuarios locales, priorizando a los pequeños productores de las comunidades donde están ubicadas las escuelas, como una forma de apoyar la agricultura familiar y conservar la identidad alimentaria del país.
En cuanto al régimen de consecuencias, el proyecto contempla sanciones para directores escolares que hagan un uso indebido de los fondos asignados al programa alimentario, así como para suplidores que incurran en prácticas fraudulentas o entreguen productos de mala calidad que pongan en riesgo la salud estudiantil.
La iniciativa pasará ahora a una segunda discusión en la Cámara Baja antes de ser remitida al Senado, donde deberá seguir el proceso legislativo correspondiente.
